El presidente Javier Milei vetó de manera total la Ley de Emergencia Pediátrica, que había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo opositor y que buscaba reforzar la atención en hospitales infantiles de todo el país. El decreto, publicado el 10 de septiembre en el Boletín Oficial, dejó sin efecto inmediato la norma.

La ley declaraba en situación crítica al sistema de atención infantil y contemplaba un aumento presupuestario para hospitales de referencia —entre ellos el Garrahan—, la compra prioritaria de insumos y medicamentos pediátricos, mejoras en infraestructura, provisión de equipamiento y un refuerzo salarial para médicos residentes y personal especializado.

El veto presidencial implica que la norma no entrará en vigencia, salvo que el Congreso logre insistir con una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, algo considerado improbable en el actual escenario político.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que la iniciativa carecía de fuentes claras de financiamiento, que generaba un alto costo fiscal incompatible con el equilibrio presupuestario y que resultaba redundante, dado que ya existen programas específicos en el Ministerio de Salud para la atención pediátrica.

La decisión generó un inmediato rechazo en hospitales e instituciones médicas, que advirtieron sobre la gravedad de la falta de insumos y recursos. Gremios y asociaciones profesionales denunciaron un “abandono” hacia la niñez y anticiparon medidas de protesta. En el plano político, la oposición analiza convocar a una sesión especial para intentar revertir el veto, aunque necesitaría alcanzar dos tercios de los votos en ambas cámaras.

El veto a la Ley de Emergencia Pediátrica se suma a otras decisiones recientes de Milei de bloquear leyes con impacto social, como la de Financiamiento Universitario y la de distribución de ATN. La medida se inscribe en la estrategia oficial de recorte del gasto público, pero abre un fuerte debate sobre las consecuencias en áreas sensibles como la salud infantil.