Las medidas de fuerza del personal docente universitario ya acumulan 23 jornadas sin clases, con dos días más previstos para la próxima semana, lo que genera preocupación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), especialmente por el impacto en el sistema preuniversitario que atiende a más de 2.000 estudiantes de Santa Fe y Esperanza. En este momento, el paro de 48 horas concluye este miércoles y se retomará el lunes 1 y martes 2 de septiembre.

El rector Enrique Mammarella enfatizó la gravedad de la situación, ya que las escuelas preuniversitarias de la UNL atraviesan estos paros incluso cuando otras instituciones provinciales no lo hacen, lo que exige esfuerzos para gestionar el conflicto sin desatender el proceso educativo.

Héctor Odetti, director del área de Enseñanza Preuniversitaria, señaló que si bien el reclamo salarial es legítimo debido al atraso en los haberes, también preocupa cumplir con los 190 días de clases previstos. Por eso se están reorganizando actividades según cada currícula para minimizar el impacto pedagógico.

El sistema preuniversitario de la UNL comprende cinco escuelas —incluyendo jardín de infantes, primaria, secundaria, la Escuela Industrial Superior (EIS) y la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja—, con aproximadamente 2.080 alumnos afectados. Odetti alertó que la situación genera desigualdades, ya que el cumplimiento de los paros es dispar: mientras algunas universidades como la UNCuyo no registraron ningún paro, en la UNL los estudiantes perdieron clases.

Aunque en algunas instituciones se mantuvieron evaluaciones y actividades extracurriculares como las de “UNL Verde”, en otras el paro se redujo a 24 horas. Frente a este panorama, se intensificaron las reuniones con directivos para adaptar la currícula y asegurar los aprendizajes esenciales en caso de que el conflicto persista hasta fin de año.

En el nivel universitario, la adhesión también es alta, según el gremio Adul, con docentes que reprograman evaluaciones. Frente a ello, la Conadu Histórica (representada localmente en Adul) exige recomposición salarial inmediata, apertura de la paritaria y rechaza un eventual veto presidencial a la nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Dicha ley obliga al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta su sanción, con ajustes que no pueden ser inferiores a la inflación acumulada. Además, exige la convocatoria a paritarias dentro del mes posterior a su sanción y con una frecuencia máxima de tres meses. En caso de veto de dicha ley, el rector Mammarella anticipó que se volvería a trabajar con el Congreso.