El Gobierno nacional mantiene suspendidas 110.522 pensiones por discapacidad a raíz de las auditorías iniciadas este año para detectar presuntas irregularidades en el sistema de prestaciones.

De acuerdo con datos oficiales, se enviaron más de 834 mil cartas documento para convocar a los beneficiarios a revisión, pero casi la mitad no fue entregada. En total, 385.993 notificaciones no llegaron a destino, lo que representa el 46% de los casos.

Esto derivó en que miles de personas vieran interrumpido el cobro de su pensión sin recibir aviso formal ni la posibilidad de presentar la documentación que acredita su situación. Organizaciones sociales y beneficiarios denunciaron que la medida vulnera derechos fundamentales.

La situación genera un creciente debate y presión política, ya que la suspensión impacta directamente en sectores altamente vulnerables y abre dudas sobre la transparencia y la equidad del proceso de revisión.