BUENOS AIRES, 4 de septiembre de 2025 – En una sesión cargada de tensión política, el Senado argentino revocó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y restituyó su vigencia. Con 63 votos afirmativos y solo 7 en contra, se convirtió en el primer veto total levantado por el Congreso desde 2003.

La norma había sido sancionada en julio por impulso de un amplio bloque opositor y vetada en agosto por el presidente Javier Milei, quien argumentó que generaba un fuerte impacto fiscal. El proyecto establece la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026 —o 2027, según distintas versiones—, contempla reformas en pensiones no contributivas, actualizaciones de aranceles y compensaciones económicas, y prevé el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con mayor transparencia en el uso de recursos.

La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala en ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y requirió alcanzar una mayoría especial de dos tercios. Durante el debate, el senador Pablo Bensusán (Unión por la Patria) sostuvo que el supuesto “gasto” es en realidad la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a las terapias necesarias, y calificó el veto como “brutal e inhumano”. Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (PRO) subrayó que “la libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad” y defendió la intervención estatal como un derecho.

Afuera del Congreso, familiares y personas con discapacidad esperaban el resultado. Tras la votación, celebraron con lágrimas, abrazos, consignas y discursos emotivos, destacando los efectos negativos que habían tenido los recortes en tratamientos y prestaciones, especialmente para niños con necesidades educativas especiales.

El resultado representa un duro revés político para el gobierno de Milei, cuya coalición cuenta con menos del 15 % de las bancas en el Congreso. Informes técnicos estiman que la ley tendrá un costo fiscal de entre 0,22 % y 0,46 % del PIB. La votación se produce en un escenario político marcado por las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y los comicios legislativos nacionales de octubre, lo que podría intensificar las tensiones, sumadas a las denuncias recientes de corrupción vinculadas a la agencia de discapacidad y a allegados al presidente.

Con esta decisión, el Congreso garantizó la continuidad de una norma que beneficiará a más de cinco millones de personas con discapacidad, reabriendo el debate sobre el papel del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.