Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos humanos en igualdad de condiciones, eliminando barreras y promoviendo su plena participación en la sociedad. El tratado entró en vigor en 2008 y ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo, entre ellos Argentina.

Este instrumento internacional reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, dejando atrás la visión asistencialista o de caridad. Su enfoque se centra en la inclusión y en la igualdad de oportunidades, planteando que es la sociedad la que debe transformarse para eliminar las barreras físicas, sociales y culturales que generan exclusión.

Los Estados que ratifican la Convención asumen el compromiso de adaptar su legislación y sus políticas públicas para garantizar estos derechos, además de rendir cuentas periódicamente ante el Comité de Naciones Unidas sobre los avances logrados.

Entre los derechos fundamentales que protege la Convención se encuentran la accesibilidad universal, que implica garantizar transporte, comunicación, espacios públicos e información accesibles; la educación inclusiva, que asegura el acceso a todos los niveles de enseñanza con los apoyos necesarios; el trabajo digno, que promueve la igualdad de oportunidades laborales sin discriminación; la salud y rehabilitación, con servicios especializados y sin exclusiones; y la vida independiente, que otorga a cada persona el derecho a decidir dónde y con quién vivir, además de participar en la vida cultural, deportiva, recreativa y política de su comunidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se erige así como una herramienta clave para avanzar hacia sociedades más inclusivas, equitativas y solidarias, en las que cada persona sea reconocida y respetada como protagonista de su propia vida.