El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, sancionada en agosto por el Congreso y destinada a recomponer las partidas de las universidades nacionales. La decisión generó una inmediata ola de críticas de rectores, gremios, estudiantes y legisladores.

La norma establecía la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación acumulada, la reapertura de paritarias para docentes y no docentes, mejoras salariales y refuerzos en becas, infraestructura e investigación.

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la ley carece de fuentes claras y suficientes de financiamiento, y que su aplicación generaría un desequilibrio fiscal con riesgo de emisión monetaria e impactos inflacionarios.

La respuesta no tardó en llegar. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, calificó la medida como un error, mientras que la Federación Universitaria Argentina anunció movilizaciones y advirtió sobre posibles medidas de fuerza. A su vez, los sindicatos del sector confirmaron paros y cortes de calles.

El futuro de la iniciativa vuelve a estar en manos del Congreso. Para revertir el veto se necesita una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, y la oposición ya trabaja en convocar sesiones especiales para insistir con la aprobación.

En el corto plazo, las universidades podrían enfrentar serias dificultades para sostener sus gastos de funcionamiento, salarios y programas de becas e infraestructura. El veto tensiona la relación del Gobierno con la comunidad académica y reaviva el debate sobre la autonomía universitaria y el rol del Estado en garantizar la educación superior pública.